La incertidumbre propia de la amenaza de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) empieza a hacer mella en los trabajadores de Río Tinto Plásticos (RTP). Quince empleados, quizás cansados por la inestabilidad que acecha a sus economías familiares, han anunciado que estarían dispuestos a abandonar de forma voluntaria sus puestos y aceptar las bajas incentivadas propuestas por la dirección de la multinacional Laninver-Coexpan. Una oferta que consiste en el pago de 45 días de salario por año de contrato y 6.000 euros más.

De esta forma, el problema se reduciría a la elección de los otros 12 operarios que, según RTP, sobran en esta fábrica ubicada en el término municipal de El Campillo que, en la actualidad mantiene ocupadas a 75 personas. Como solución, la empresa baraja la posibilidad de prejubilar a media docena de trabajadores mayores de 52 años, de modo que, en caso de que resulte factible, ya se habría librado de 21 componentes de su plantilla.

Esta nueva, y sorprendente, situación supone un giro de tuerca en la difícil realidad que afronta la plantilla de esta firma y lleva a la dirección y al comité de empresa a confiar en que, “si todo va bien”, el próximo martes 2 de marzo se pueda dar carpetazo al asunto. No obstante, el representante sindical, Juan José Martínez Tejera (UGT), insiste en la necesidad de que se acometan inversiones y se adquiera maquinaria moderna para “garantizar la competitividad y sostenibilidad de la compañía”.

Nada es definitivo de momento, pues la última palabra la tendrá la asamblea de trabajadores una vez que vuelvan reunirse sindicato y dirección de Coexpan-Laninver para que los planteamientos puestos sobre la mesa de sean firmes. Un punto en el que El comité de empresa ugetista de Río Tinto Plásticos recuerda que la firma, que siempre ha sido puntera en el sector de elaboración de derivados plásticos, es “perfectamente viable” y no acepta que “por unos meses malos se pongan en entredicho casi veinte años de trabajo y rentabilidad”.

Martínez no olvida, además, que RTP se montó sobre los cimientos de un 50 por ciento de ayudas públicas al calor de la primera diversificación socioeconómica de los años 80: “Ahora parece que no quieren el apoyo de las administraciones”. Los trabajadores espetan, en este sentido, que una crisis laboral en esta compañía emerge como un gravísimo problema para una comarca atenazada por una tasa de paro que supera el 40 por ciento de la población activa.